Inicio / Historia
En este aparatado podrás conocer más acerca de la historia y creación de la Asamblea de Campesinos del Cesar.
Hacia el mes de mayo de 2012, y antes que se cumpliera el primer año de implementación de la ley 1448 de 2011, cuando los campesinos y campesinas comenzaron a reclamar la restitución de las tierras que les fueran despojadas y abandonadas en medio del conflicto, enfrentaban con zozobra algunas amenazas, riesgos y hostigamientos. Debido a ello, varios líderes y lideresas solicitaron en Valledupar una reunión con la MAPP OEA, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y la Corporación Desarrollo y Paz del Cesar (CDPC); para analizar la grave situación que enfrentaban las comunidades en cuanto a su seguridad, la cual se recrudecía en la medida en que iniciaban y avanzaban los procesos en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas UAEGRTD.
Como producto de esta reunión, se convocó a un encuentro de líderes y lideresas reclamantes de tierras, con el cual se desencadena un proceso que, a través de todos estos años, ha provocado la solidaridad y la acción conjunta para visibilizar la desigual disputa de las tierras en el Cesar; y así exigir mejores condiciones para el restablecimiento no solo de las tierras despojadas o abandonadas, sino de las garantías de permanencia en el territorio, todavía pendiente por establecer. A continuación, se presentan un breve resumen de su trayectoria, desde sus inicios y hasta hoy; en tres momentos, cada uno de ellos, se ubica, porque es trascendental en la definición de lo que es hoy en día este espacio de convergencia campesina a nivel departamental.
Durante este tiempo, se realizaron varios encuentros entre líderes reclamantes de tierras, logrando coincidir en que el despojo no fue un hecho aislados y esporádico, sino que, en el Cesar, las tierras se habían convertido en una finalidad buscada a través del terror y la violencia, en el que los campesinos resultaron gravemente afectados; llegando a ser el Cesar el segundo departamento con mayor despojo en todo el país.
Con la implementación de la ley 1448 de 2011 de Victimas y restitución de Tierras, se abrieron las posibilidades de que quienes habían resultado víctimas del despojo y desplazamiento forzada, pudieran reclamar; sin embargo, esta esperanza se frustró muy pronto, en la medida en que se sobrevinieron amenazas e incluso ataques a los líderes campesinos. Frente a esta situación, se identificó la necesidad de unirse y reclamar juntos por sus derechos, llevando sus exigencias ante las entidades concernidas, los medios de comunicación y algunos organismos internacionales. Fue en este periodo en el que la Asamblea redacta su Acta de constitución, dado en Valledupar 19 de febrero de 2013.
Con sus primeros años, evidenciaron que sólo el 6% de reclamantes de tierras que llegaban a este espacio eran mujeres, y que sólo cumplían roles de apoyo a sus padres. Por ello, se retaron a identificar los obstáculos de la participación de las mujeres; desarrollando acciones afirmativas para involúcralas en las tomas de decisiones, lo cual trascendió a que fuera elegida una mujer, la primera vocera de la Asamblea Campesina del Cesar, inspirando en adelante un aumento de mujeres, que empezó a reflejarse también en el liderazgo femenino en sus comunidades de base.
Después que la Asamblea Campesina del Cesar tuviera un forzoso receso durante el año 2015 debido a la falta de apoyo para continuar los encuentros de los líderes y lideresas; a comienzos del año 2016 y con la presencia en el Cesar de Pax Holanda, se reconoce en la Asamblea Campesina un proceso importante de organización social de las víctimas del conflicto en el departamento; y se produce un acercamiento para acordar un acompañamiento por parte de esta organización internacional.
Para ello, retoma la alianza con Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA; aunque el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, no respondió al llamado. Se abre entonces, la convocatoria a nuevas comunidades y organizaciones, logrando una participación de distintas iniciativas sociales y de víctimas del Cesar, quienes después de álgidas deliberaciones, reafirman y afianzan la propuesta fundante; logrado para ello, definir una hoja de ruta clara y una agenda política para la participación e incidencia frente a las instituciones del Estado. En esta etapa, además de los encuentros se realiza el fortalecimiento de las comunidades que las integran a través de una estrategia de acompañamiento psicosocial, jurídico y para la reconstrucción de la Memoria Histórica, teniendo en cuenta como eje principal la voz de las víctimas.
Se destacó además que comunidades como El Platanal, Topacio y El Caimán, coincidieron en la reintegración de sus miembros, quienes estaban dispersos y su tejido social destruido desde el despojo, al tiempo que se estrechaba su participación en la Asamblea Campesina del Cesar.
Durante este periodo, la Asamblea Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras, si bien continúa afianzando su reconstrucción del tejido social en sus comunidades; ha concentrado su acción y fortalecimiento en la constitución legal de esta plataforma de segundo nivel; así como de las organizaciones que las integran; dirigiendo su propósito misional hacia la interlocución y diálogo con diferentes actores institucionales y territoriales en el departamento. Esto ha permitido instalar dentro de su discurso político la exigencia desde una visión de Derechos Humanos frente a los daños que les ocasionaron en medio del conflicto armado, procesos de reparación colectivos y trasformadores de sus proyectos de vida individual, familiar y colectivos, bajo la defensa de la identidad cultural campesina y los principios del Buen Vivir como modelo de desarrollo territorial. Así mismo, viene fortaleciendo los liderazgos de jóvenes como posibilidad del empalme y relevo generacional a través de encuentros que imprimen entonces una perspectiva del enfoque diferencial a las deliberaciones que se desarrollan en su seno;
Se han abordado temas estratégicos como la creación e impulso de redes solidarias de autoprotección, así como el emprendimiento de actividades agrícolas como el proyecto Moringa, que de manera conjunta pretende restablecer los circuitos cooperativos y económicos de los campesinos, a pesar de que muchos de ellos están por fuera de su territorio y en destierros de más de dos décadas.
Finalmente, ha sido en el seno de la Asamblea Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir, que se viene solicitando a las empresas mineras de Drummond y Prodeco, se establezca una mesa de diálogo sin agenda y no jurídico, con miras al establecimiento de nuevos acuerdos para la convivencia y permanencia en el territorio para los campesinos.
En esta fase, se continuó intensificando el fortaleciendo a la Asamblea Campesina del Cesar, como plataforma de segundo nivel que ha congregado a comunidades ya organizadas, para la participación ante las instancias de justicia transicional como la Restitución de Tierras, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, Justicia y Paz; además de ampliar su Plan de Incidencia ante instancias nacionales y organismos internacionales, aliados con quienes han convocado al diálogo a las empresas mineras, sobre la base de establecer acuerdos que contribuyan a una sociedad reconciliada con comunidades en sus territorios, recuperación de su tejido social y plena vigencia de su ciudadanía.
Esto no hubiera sido posible durante el confinamiento obligatorio por la pandemia del Covid 19, que afectó las posibilidades de encuentro y movilización conjunta; si en ese momento, su junta directiva se concentra en definir una hoja de ruta para cada uno de sus ejes estratégicos, como proceso impulsado desde el 2019 como noción de futuro y visión prospectiva y que ha venido tomando forma hacia la construcción de Planes de Vida Campesina.
Contexto: El fenómeno del despojo de tierras y territorios en el Cesar es de grandes proporciones y su dimensión real aún está lejos de ser establecida a pesar de la existencia de algunas cifras indicativas. En la región Caribe el Cesar ocupa el primer lugar en cuanto a hectáreas despojadas, con 172.131, y el segundo lugar en lo que respecta al número formal de solicitudes de restitución con 2.726, después de Bolívar que tiene 3.250; en tanto que a nivel nacional el Cesar ocupa el segundo lugar en lo referente a hectáreas despojadas, después de Antioquia que tiene 233.785, y el tercer lugar en lo que atañe al número formal de solicitudes después de Antioquia, que tiene 5.112 y Bolívar con la cifra antes mencionada . En suma, el despojo de tierras y territorios en el Cesar terminó siendo funcional a un modelo de desarrollo extractivista, agroindustrial y de ganadería extensiva que, a la postre, terminó imponiéndose en el país, en detrimento de la economía y territorios campesinos que ha puesto en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria. Cada caso ha sido liderado por campesinos y campesinas, quienes decidieron organizarse para reclamar la restitución de sus tierras ante el Estado colombiano, y que venían reclamando cada una por separado; sin que hubiesen tenido respuesta colectivas, integrales y transformadoras para la realización de los derechos de sus víctimas, organizaciones y comunidades.
El problema que atiende la Asamblea Campesina del Cesar es que, con la aprobación de la ley 1448 de 2011, cuyo énfasis reglamentado en el decreto ley 4829 del mismo año, es la restitución de las tierras despojadas en el país, se abre en el departamento del Cesar una gran expectativa en los líderes y lideresas reclamantes de tierras, quienes advierten una oportunidad sin precedentes en la devolución de sus predios. Sin embargo las realidades territoriales parecen demostrar que este proceso supera el procedimiento administrativo y judicial señalado allí, pues no es posible ignorar la presencia de grupos armados ilegales (GAI),) entendidos como la confluencia de poderes locales cuyo común denominador es la oposición a la restitución y la defensa de un statu quo de intereses económicos y políticos, generadores de una atmósfera de intimidación través del incremento desde el 2012 de amenazas, atentados y hostigando a los líderes y lideresas de las víctimas reclamantes, periodistas y defensores de DDHH, situación que limita severamente el trabajo en pro de los derechos de las víctimas de despojo y que aleja las posibilidades de una restitución efectiva. Todo esto en medio de una débil y lenta infraestructura institucional en la que poco confían las víctimas debido a que algunos casos ha existido connivencia con los despojadores y que se ha erigido para materializar la restitución de las tierras y territorios y por ello mismo se muestra incapaz de enfrentar estructuralmente los problemas agrarios que están en la raíz del despojo de tierras y territorios, entre éstos las amenazas cuya respuesta además de tardías ha sido pensadas individualmente, para personas con un estatus socioeconómico alto y para ámbitos urbanos. Pese a esto los líderes y lideresas reclamantes se han mantenido en sus procesos y cada caso a través de los años ha venido consolidando una experiencia, y unas capacidades dispersas, estigmatizadas como insurgentes y poco documentadas.
Los riesgos que en el Cesar se ciernen sobre los reclamantes de restitución de tierras y territorios, en especial sobre los líderes y lideresas, son de tal magnitud que para hacerles frente la MAPP OEA, el PDP Cesar y el SAT de la Defensoría del Pueblo identificó la necesidad de configurar un espacio de encuentro, articulación, unidad e intercambio para el aprendizaje; que contribuya a dejar atrás la dispersión y atomización tanto de los procesos de restitución de tierras como de las organizaciones agrarias y campesinas que los impulsan, ya que en este escenario se encontraban mucho más vulnerables. Es por esta razón que el 19 de febrero de 2013, en un contexto caracterizado por el preocupante incremento de las amenazas y las agresiones contra reclamantes de restitución de tierras, se organiza en Valledupar la Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir en la que convergen buena parte de los procesos colectivos de restitución de tierras y territorios del departamento, al que se sumaron como aliados en un rol de acompañamiento y fortalecimiento, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fundemocracia; así como el Grupo de Memoria Histórica del Cesar.
El propósito ha sido entre otros, Identificar y caracterizar los límites y posibilidades de la restitución de tierras en contextos mineros, agroindustriales y de frontera que permitan elaborar y presentar periódicamente informes sobre los riesgos de violación de derechos humanos de las víctimas reclamantes de tierras en el departamento del Cesar; posibilitar y coadyuvar a una reflexión para la identificación de escenarios de riesgo por conflicto armado en que actualmente se encuentran éstas y que permitan el diseño de estrategias y mecanismos de prevención y protección y autoprotección de las víctimas y por último, el diseño de una hoja de ruta para la participación y la incidencia política con el Estado.
Muchos han sido los aprendizajes en el desarrollo de ésta experiencia, sin embargo, en aras de priorizar los más representativos, se mencionan algunos de ellos, a continuación:
La alianza de instituciones conformada por Agencias de Cooperación Internacional, Ministerio Público y Organizaciones de la Sociedad Civil, como plataforma que genera confianza con los reclamantes, permite el seguimiento y convocatoria institucional generando condiciones que dimensionan y blindan el proceso de Restitución, además del diseño de estrategias que fortalezcan la Asamblea Campesina del Cesar, por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir.
La Asamblea Campesina del Cesar por la Restitución de tierras y el Buen Vivir, como mecanismo de encuentro para diálogo e intercambio de experiencia entre líderes y lideresas reclamantes de tierras de los casos emblemáticos, ha permitido iniciar la caracterización del despojo y mapas de riesgo, elaboración de insumos para el diseño y puesta en marcha de rutas para la autoprotección; así como generar espacios de concertación con las entidades concernidas y algunos organismos de cooperación internacional. Sin embargo, aún son débiles las capacidades para la participación sumada a que se mantienen las asimetrías en la relación entre las instituciones y las víctimas y a que en el Protocolo de participación no es claro este espacio para los líderes y lideresas reclamantes de restitución de Tierras en el país.
Elaboración y presentación de tres informes sobre los despojos de tierras y los procesos de Restitución en el Cesar, como herramienta para el diálogo y la incidencia política, y que se proyecta como línea de reconstrucción de Memoria Histórica.